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Expropiación por el Estado

El 23 de febrero de 1983, el Consejo de Ministros del Gobierno de España decretó la expropiación forzosa del grupo al amparo de las previsiones contenidas en los artículos 33.3 y 128.2 de la Constitución española.[4]​ Las razones expuestas en el decreto de expropiación eran:

  • La reiterada falta de auditorías externas a los bancos del grupo como de sus sociedades más importantes desde el año 1978.
  • La permanente obstrucción a la actividad inspectora del Banco de España.
  • Los desproporcionados riesgos asumidos por los bancos que financiaban internamente al grupo, con respecto de la solvencia del grupo
  • La desatención a las múltiples advertencias de las autoridades monetarias a Rumasa, recomendando una política más prudente de inversiones y una desconcentración de riesgos.
  • La arriesgada espiral de adquisiciones e inversiones del grupo.

Igualmente el grupo mantenía una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social de 10 774 millones de pesetas (64 760 050 €)[5]​ y una deuda con Hacienda de 19 300 millones de pesetas (116 007 886€), desglosada en 5200 millones de pesetas en retenciones a los 65 000 trabajadores por IRPF e IRTP (impuesto sobre la renta del trabajo personal), 5600 millones de pesetas en retenciones a accionistas por rendimientos de capital en IRPF, y 8500 millones de pesetas a clientes por impuesto sobre el lujo e impuesto general sobre el tráfico de las empresas en facturas.

El detonante probable de la expropiación forzosa fue la interrupción, dos meses antes, de la auditoría contratada por RUMASA con la entidad Arthur Andersen,[7]

El Gobierno usó la expropiación en lugar de una intervención limitada a los bancos por la complejidad del entramado del grupo y al no considerar los problemas como coyunturales, sino estructurales. Entre las razones aducidas estaban la utilidad pública e interés social, la defensa de la estabilidad del sistema financiero y de los intereses legítimos de los depositantes y trabajadores, y finalmente el respeto de los derechos de los accionistas mediante el pago por sus acciones.

Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda cuando se produjo la expropiación y uno de los responsables últimos de la misma, afirmó en 1997 que: «la expropiación de Rumasa no fue una medida sancionadora o punitiva contra Ruiz-Mateos por unos presuntos delitos que hubieran correspondido a los tribunales depurar. Fue una medida de política económica, con la que se quiso evitar la crisis total de un grupo en quiebra, que, en las difíciles circunstancias de 1983, nos pareció que podría tener unas consecuencias muy graves».[8]

La Policía Nacional registró y precintó las distintas sedes de Rumasa, y el domicilio familiar de José María Ruiz-Mateos, el mismo 23 de febrero de 1983, iniciando así públicamente el proceso de expropiación por el Gobierno español.

La lucha judicial

Tras la expropiación, Ruiz-Mateos huyó a Londres el 4 de marzo de 1983. Desde ese momento se siguieron múltiples procesos judiciales, que en una primera parte tuvieron como objeto dirimir la legalidad de la operación de expropiación. Una segunda tanda de procedimientos judiciales se planteron con el intento de Ruiz-Mateos de recuperar diversas empresas de Rumasa y revertir su venta; y por otro lado contrario, la Fiscalía del Estado demandó a Ruiz Mateos una responsabilidad civil de 677 500 millones de pesetas (más de 4000 millones de euros) por el estado financiero del grupo en el momento de la expropiación y por la inyección de dinero que necesitó realizar posteriormente.

El 25 de abril de 1985, Ruiz-Mateos fue detenido en el aeropuerto de Fráncfort, y el 1 de diciembre fue extraditado desde Alemania. El procedimiento de extradición limitó los cargos de procesamiento a los delitos de falsedad documental y contable, y elevó el proceso contra este a la Audiencia Nacional.

Legalidad de la expropiación

La primera sentencia de fundamental importancia en este asunto fue la dictada por el Tribunal Constitucional el 2 de diciembre de 1983 (Sentencia TC 111/1983).[11]

Reversión de la expropiación

En el tema de la reversión de las empresas, el Tribunal Supremo abrió 165 procedimientos promovidos por Ruiz-Mateos para que se le devolvieran 163 empresas del grupo, pronunciándose el tribunal en contra de la reversión. Ruiz-Mateos recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la valoración de las sociedades o justiprecio (precio por acción). En 96 sociedades la valoración fue positiva y se pagaron 70,6 millones de euros a accionistas minoritarios, y en 126 fue negativa.[11]​ Los Tribunales Constitucional y Supremo también acordaron en nueve sentencias que se había respetado la legalidad en la reprivatización de Galerías Preciados, Banco Atlántico, Hotasa e inmobiliarias.

Justiprecio e indemnizaciones

En relación con el justiprecio de los accionistas de las empresas expropiadas, el Tribunal Supremo también ha fallado en dos ocasiones que la fijación del justiprecio solo era aplicable a los accionistas terceros minoritarios y no a los propietarios del Grupo Rumasa, que estos (familia Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada) deberían atenerse a lo que resultara del proceso de consolidación total de las cuentas en la cabecera del grupo. El valor total del holding según los criterios fijados por el Jurado de Expropiación, suponía un valor de -438 351 millones de pesetas (2634 millones de euros). La asunción de este criterio por el Supremo de la consolidación de las cuentas del grupo para determinar las indemnizaciones de la familia Ruiz-Mateos, supuso que no debían cobrar ninguna cantidad como indemnización.[12]

La familia Ruiz-Mateos afirmó en mayo de 2010 que continuaría solicitando la ejecución de los justiprecios positivos por la expropiación de Rumasa, «reconocidos por el Estado español en sentencias firmes» según su propia versión, y que ascenderían a la cantidad de 2095 millones de euros y que transcurridos de 27 años dicen que continúan pendientes de pago.[13]

Responsabilidad de José María Ruiz-Mateos

En cuanto a las responsabilidades de José María Ruiz-Mateos, el 12 de junio de 1997 la Audiencia Nacional absolvió a Ruiz-Mateos y a otros cuatro acusados de los delitos de falsedad y estafa. En la sentencia se consideraron probadas diversas falsedades e impagos a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, aunque por los cambios normativos producidos en el Código Penal no se encontró culpables a los acusados. El 25 de marzo de 1999, el Tribunal Supremo confirmó dicha absolución, librándole de la fianza de responsabilidad civil.

Venta y liquidación del grupo

Inicialmente se consideró la nacionalización del grupo expropiado, pero después se procedió a su reprivatización. No pudiendo encontrarse un comprador para todo el grupo, debido a su gran tamaño, el Estado comenzó a vender las empresas que componían el grupo de forma individualizada. Este proceso duró varios años, hasta que en 2002 la SEPI concluyó la privatización de RUMASA, vendiendo las últimas fincas del grupo. [cita requerida]

Uno de los casos más destacados fue el de la venta de Galerías Preciados, una cadena de grandes almacenes con presencia en la mayor parte de las capitales españolas. Un año después de la expropiación fue privatizada mediante la venta al grupo venezolano Cisneros, que se la adjudicó por cerca de 1000 millones de pesetas. En 1987, y tras varios ejercicios con pérdidas, Cisneros vendió la empresa al grupo británico Mountleigh por más de 30 000 millones de pesetas.[18]

En 1995 se efectuó la absorción de Galerías por parte de El Corte Inglés, quien remodeló y mantuvo los 22 establecimientos que adquirió entonces a la empresa absorbida.[19]

El Estado recurrió a una emisión de deuda pública especial de 560 000 millones de pesetas (3365 millones de euros) para seguir manteniendo las empresas del grupo en funcionamiento mientras encontraba compradores privados para ellas. Finalmente, estos gastos superaron el billón de pesetas.[cita requerida]

José María Ruiz-Mateos consiguió crear un nuevo grupo de empresas, al que denominó Nueva Rumasa que alcanzó un volumen de negocio importante (más de 6000 trabajadores). En febrero de 2011, las 10 mayores empresas de este nuevo grupo se acogieron a la ley concursal para tratar de evitar una inminente suspensión de pagos.[20]

En 2015 el Gobierno aprueba la liquidación de la sociedad, que cuenta con unos 160 millones de euros en activos[21]