Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio

Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exterior
TSJ-VE-logo.png

Información general
AcrónimoTSJ
TipoTribunal de Justicia
JurisdicciónNacional
PaísBandera de Venezuela Venezuela
Organización
PresidenteMiguel Ángel Martín
Primer vicepresidenteAntonio José Marval
Segundo vicepresidenteRafael Antonio Ortega Matos
Composición33 magistrados
Dependiente dePoder Judicial
Entidad superiorPoder Público Nacional
Histórico
Tribunal Supremo de Justicia de VenezuelaActual
Sitio web

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, también llamado TSJ en el exterior, es el tribunal conformado por 33 magistrados juramentados el 21 de julio de 2017 por la Asamblea Nacional durante la crisis institucional de Venezuela y las protestas de 2017 como reemplazo de los magistrados previos nombrados en 2015. Los magistrados se encuentran residiendo en cuatro países: Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos, y se reúnen cada semana a través de Internet, mientras que las diferentes Salas trabajan a diario en las solicitudes que reciben a través del correo electrónico y de su página web.

El Tribunal Supremo se ampara en la jurisdicción universal y teniendo como referentes los principios de los tribunales de Núremberg, para la antigua Yugoslavia y para Ruanda. La Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo y la Federación Interamericana de Abogados reconocen la legitimidad del tribunal, mientras que tanto el gobierno nacional como el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela desconocen el nombramiento.

Antecedentes

El 8 de diciembre de 2015, después de las elecciones parlamentarias de Venezuela, la Asamblea Nacional saliente, de mayoría oficialista, empieza un proceso de designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Opositores, distintos juristas y la ONG Acceso a la Justicia denunciaron irregularidades en el proceso, incluyendo la violación del periodo de impugnaciones, la falta de respuesta de las mismas y la omisión de la selección definitiva de los postulados.[2]

Posteriormente y a raíz de la crisis institucional de Venezuela de 2017, el Ministerio Público solicitó formalmente anular el nombramiento alegando que dicho proceso estuvo viciado.[9]

La Fiscal general Luisa Ortega Díaz criticó esta designación, pues a su juicio esto creaba desorden en el Estado.[11]