Reformismo borbónico

España
Reino de España

Estandarte real de 1556-1580 y 1668-1700.svg

1700-1808

Flag of Gibraltar.svg
Flag of Spain (1785–1873, 1875–1931).svg

BanderaEscudo
Ubicación de
CapitalMadrid
Idioma oficialEspañol[nota 1]
ReligiónCatolicismo
GobiernoMonarquía absoluta
Rey
 • 1700-1724Felipe V
 • 1724Luis I
 • 1724-1746Felipe V
 • 1746-1759Fernando VI
 • 1759-1788Carlos III
 • 1788-1808Carlos IV
 • 1808Fernando VII
Período históricoEdad Moderna
 • Guerra de Sucesión Española1700-1714
 • Abdicaciones de Bayona1808
MonedaEscudo, real y maravedí

Reformismo borbónico hace referencia al periodo de la historia de España iniciado en 1700, en que Carlos II, el último rey de la Casa de Austria de la Monarquía Hispánica, nombró en su testamento un mes antes de morir a Felipe V de Borbón como su sucesor —lo que provocó la guerra de Sucesión Española (1701-1714)—, hasta las abdicaciones de Bayona de 1808 en las que Carlos IV y su hijo Fernando VII, que le había obligado a abdicar en su persona dos meses antes (Motín de Aranjuez), cedieron bajo presión a Napoleón Bonaparte sus derechos a la Corona, que este a su vez pasó a su hermano José I Bonaparte, lo que dio inicio a la guerra de la Independencia Española.[nota 2]

Durante este período la nueva dinastía construyó una monarquía absoluta centralista y uniformista que puso fin a la monarquía compuesta de los Austrias de los dos siglos anteriores y aplicó políticas reformistas, parte de ellas inspiradas en los principios de la Ilustración en España, especialmente bajo los reinados de Fernando VI y de Carlos III.

El reinado de Felipe V (1700-1746): la construcción del Estado borbónico

Pintura alegórica del Tratado de Utrecht

Felipe V accedió al trono de la monarquía española en virtud del testamento de su tío abuelo, Carlos II, enfrentándose a la casa de Habsburgo. Castilla aceptó inmediatamente al nuevo rey, pero los reinos de la Corona de Aragón, proclives en un primer momento, no tardaron en adherirse a la causa del archiduque Carlos. Felipe V solamente contaba con el apoyo de Francia y de los propios castellanos, contra la hostilidad del resto, especialmente aragoneses, austriacos, británicos y holandeses, temerosos de que se estableciera en España una monarquía de corte absolutista al estilo francés. La victoria fue para los partidarios de Felipe V y los Tratados de Utrecht en 1713 y de Rastatt en 1714 pusieron fin al conflicto, no sin graves pérdidas para la corona en territorio europeo. La instauración de los Borbones llevó a la firma de los llamados Pactos de Familia con Francia que dominarían toda la política internacional española a lo largo del siglo XVIII.

En represalia, Felipe V abolió los Fueros de Aragón y Valencia en 1707 e impuso el Fuero de Castilla, al igual que en Cataluña y Mallorca. Las Cortes de Aragón, las de Valencia y las de Cataluña dejaron sucesivamente de existir, integrándose los representantes de sus ciudades, no así la nobleza y el clero, en las Cortes de Castilla. Felipe V premió la lealtad del Reino de Navarra y de las provincias Vascongadas a su causa, manteniendo sus fueros. La nueva regulación se formulará a través de los Decretos de Nueva Planta.

La Guerra de Sucesión Española y los Decretos de Nueva Planta

Retrato de Felipe V de España de Jean Ranc (1723)

El desenlace de la Guerra de Sucesión Española (1701-1714) supuso para la Monarquía de España la entronización de una nueva dinastía, la Casa de Borbón, a costa de la cesión de sus posesiones en Italia y los Países Bajos al emperador Carlos VI, más Gibraltar y Menorca que pasaron a soberanía del Reino de Gran Bretaña, y de la pérdida del control del comercio con el Imperio de las Indias, a causa de la concesión a los británicos del asiento de negros y del navío de permiso. Con todo ello se produjo, según Joaquim Albareda, "la conclusión política de la decadencia española". Así pues, Felipe V fracasó en la misión por la que fue elegido como sucesor de Carlos II: conservar íntegros los territorios de la Monarquía Católica. [1]

En política interna, Felipe V puso fin a la Corona de Aragón por la vía militar y abolió las instituciones y leyes propias que regían los estados que la componían (el reino de Aragón, el reino de Valencia, el reino de Mallorca y el Principado de Cataluña) mediante los Decretos de Nueva Planta de 1707-1716 que instauraron en su lugar un Estado, en parte, absolutista, centralista y uniformista, inspirado en la Monarquía absoluta francesa de Luis XIV, abuelo de Felipe V, y en la imposición de las leyes de la Corona de Castilla al resto de territorios, salvo el reino de Navarra, el Señorío de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava que conservaron sus fueros por haber permanecido fieles a Felipe V —aunque por otro lado el derecho privado de Aragón, Cataluña y Mallorca, se mantuvo—. Así pues, se puede afirmar que los grandes derrotados de la guerra fueron los austracistas defensores no sólo de los derechos del Carlos III el Archiduque sino del mantenimiento de la monarquía compuesta o "federal" de la Monarquía Hispánica de los dos siglos anteriores.[1]

Según el historiador Ricardo García Cárcel, la victoria borbónica en la guerra supuso el "triunfo de la España vertical sobre la España horizontal de los Austrias", entendiendo por "España horizontal", la "España austracista", la que defiende "la España federal que se plantea la realidad nacional como un agregado territorial con el nexo común a partir del supuesto de una identidad española plural y «extensiva»", mientras que la "España vertical" es la "España centralizada, articulada en torno a un eje central, que ha sido siempre Castilla, vertebrada desde una espina dorsal, con un concepto de una identidad española homogeneizada e «intensiva»".[2]

Además de la abolición de sus instituciones y leyes propias, para los estados de la Corona de Aragón, la "Nueva Planta" de la Monarquía tuvo otras dos importantes consecuencias. La primera fue el establecimiento del absolutismo al desaparecer el freno que suponía para el poder del rey el "pactismo" y las instituciones propias, que fueron sustituidas por una administración militarizada, de inspiración castellana -Capitán General, Real Audiencia, corregidores- y francesa -intendentes-, para controlar los estados que habían sido "rebeldes". Y en segundo lugar el inicio o la aceleración del proceso de castellanización de sus habitantes o al menos de parte de sus grupos dirigentes, al declararse el castellano como la única lengua oficial. El abate Miguel Antonio de la Gándara lo expresó así en 1759: «A la unidad de un rey son consiguientemente necesarias otras seis unidades: una moneda, una ley, una medida, una lengua y una religión»". Un proceso de castellanización que tuvo un éxito sólo relativo, mayor en el Reino de Valencia que en el Principado de Cataluña y en el Reino de Mallorca —en la Menorca bajo dominio británico se mantuvo el catalán como lengua oficial—. Según Joaquim Albareda, "más allá de esta presión política que convertía en lengua oficial de la administración al castellano, hay que aclarar que existió un perceptible fenómeno de diglosia en los estratos dirigentes (nobleza, burguesía comercial, abogados y juristas) que arranca a partir del siglo XVI, un fenómeno, como ha demostrado Joan-Lluís Marfany, de carácter endógeno, por el que el castellano se convertía en el vehículo de expresión en determinados usos sociales, especialmente en el ámbito escrito, por un factor de prestigio social y cultural".[3]

El Estado absoluto borbónico y sus limitaciones

La monarquía absoluta se basaba en la idea de que los poderes del rey eran ilimitados (absolutos) y los ejercía sin ningún tipo de cortapisa. Como dijo José del Campillo, ministro de Felipe V:[4]

No es menester en una monarquía que todos discurran ni tengan grandes talentos. Basta que sepa trabajar el mayor número, siendo pocos los que deben mandar, que son los que necesitan luces muy superiores; pero la muchedumbre no ha de necesitar más que fuerzas corporales y docilidad para dejarse gobernar.

El proceso de construcción del Estado absoluto y centralizado comenzó durante la Guerra de Sucesión Española en el que tuvieron un especial protagonismo los consejeros franceses que Luis XIV puso al lado de su nieto Felipe V. Un paso esencial lo constituyeron los "Decretos de Nueva Planta" que derogaron las "constituciones" e instituciones particulares de los Estados de la Corona de Aragón, aunque con ellos no se llegó a la completa homogeneización del territorio al subsistir las instituciones y leyes propias del Reino de Navarra y de las "Provincias Vascongadas".[4]

Una limitación más importante al poder absoluto del rey fue la pervivencia de las jurisdicciones señoriales y eclesiásticas. A mediados de siglo XVIII había en España unos 30.000 señoríos que abarcaban a la mitad de la población campesina para la que el poder del rey se veía muy lejano frente al poder inmediato de su señor.[4]​ Una situación que no se modificó a pesar de que los ministros borbónicos eran conscientes de la merma del poder del rey que suponía su existencia, como afirmó el conde de Floridablanca en la Instrucción reservada a la Junta de Estado de 1787 presentada a Carlos III en la que hablaba en nombre del rey:

Se ha pensado en algunos tiempos en incorporar o disminuir las jurisdicciones de señorío, donde los jueces no suelen tener las cualidades necesarias ni hacerse las elecciones de ellos con el examen y el conocimiento que conviene. Aunque no es mi ánimo que a los señores de vasallos se les perjudique ni quebranten sus privilegios, debe encargarse mucho a los tribunales y fiscales, y que procuren incorporar o tantear todas las jurisdicciones enajenadas de las que, conforme a los mismos privilegios y a las leyes deben restituirse a mi Corona

Los consejeros franceses que acompañaron a Felipe V consideraron que el régimen polisinodial tradicional de la Monarquía de los Austrias estaba obsoleto y era ineficaz, porque las decisiones tardaban tiempo en tomarse, y además suponían una limitación de la autoridad absoluta del rey ya que los diferentes consejos, cada uno de ellos especializado en un asunto diferente, estaban controlados por la nobleza, y especialmente por los Grandes de España. En el informe que elaboró en 1703 titulado Plan para la administración de los asuntos del rey de España el consejero francés Jean Orry afirmó que los Consejos « gobiernan el Estado... de manera que su intención en general es que su Rey no tenga, hablando con propiedad, ninguna participación activa en el gobierno, sino que les preste su nombre».[5]

Como alternativa dieron preferencia a la «vía reservada» llamada así porque el rey se reservaba cada vez más asuntos que sustrae a los Consejos y por la que el rey tomaba las decisiones atendiendo sólo a las propuestas que le hacían sus Secretarios de Estado y del Despacho, que habían surgido del desarrollo del cargo creado en 1621 de Secretario del Despacho Universal. Así ya desde 1702 Felipe V crea un Consejo de Gabinete o de Despacho compuesto por muy pocas personas que le asesoran mediante el "despacho a boca", entre las que se incluye el embajador de su abuelo Luis XIV. Este Consejo se dividirá en varias áreas hasta que después de la guerra, en noviembre de 1714, quedó constituido por cinco oficinas independientes con un Secretario de Estado y del Despacho al frente de cada una: Estado, Justicia, Guerra, Hacienda, Marina e Indias.[6]

Sin embargo, al finalizar la guerra y desaparecer la "camarilla francesa" —encabezada por la princesa de los Ursinos y por Jean Orry, y la colaboración de Melchor de Macanaz—, Felipe V no eliminó completamente el sistema de consejos, porque el Consejo de Castilla mantuvo sus extensas atribuciones gubernativas y juidiciales que ahora abarcaban todo el reino y, por otro lado, las Secretarías de Estado y del Despacho nunca llegaron a constituir un auténtico gobierno pues cada uno de los Secretarios de Estado o Primera Secretaría [la más importante], de Gracia y Justicia, de Hacienda, de Guerra, de Marina e Indias despachaba por separado con el monarca, aunque en ocasiones una misma persona acumulaba más de una secretaría. Habrá que esperar a una fecha tan tardía como 1787 para que bajo Carlos III el conde de Floridablanca constituya la Junta Suprema de Estado que reúna a los Secretarios de Estado y del Despacho, pero ésta tuvo una vida efímera pues suprimida cinco años después por Carlos IV.[7]​ En el informe que elaboró en 1703 Jean Orry, además de cuestionar el sistema de gobierno de los Consejos, también se refirió a la organización territorial y criticó que los corregidores fueran nombrados por el Consejo de Castilla, por lo que «son hechuras suyas y le obedecen, lo que viene a ser lo mismo que excluir al rey del gobierno de su reino». En su lugar proponía nombrar gobernadores o intendentes en las provincias que «estarán directamente subordinados al Consejo Real, y recibirán las órdenes del Rey por medio del veedor general».[8]

Esta nueva organización territorial centralizada fue aplicada en primer lugar en la Corona de Aragón con los Decretos de Nueva Planta y luego comenzó a ser implantada en la Corona de Castilla —a excepción de las Provincias Vascongadas y del Reino de Navarra—, aunque lentamente por lo que el proceso no culminaría hasta el reinado de Carlos III. Así, se crearon Capitanías Generales con sede en Santa Cruz de Tenerife, La Coruña, Asturias, Zamora, Badajoz, Sevilla y Málaga; las Reales Audiencias fueron presididas por el Capitán General y las dos únicas que no la estaban —las Chancillerías de Valladolid y Granada— finalmente también lo fueron, reconvertidas en Audiencias.

Asimismo se intentó introducir en Castilla la figura de los intendentes y en 1718 se promulgó una Ordenanza en la que se decidía «formar y establecer en cada una de las provincias del reino una intendencia [...] de justicia, policía, hacienda y guerra». Pero los Consejos lograron paralizar el proceso —sólo se constituyeron cuatro intendencias "de Ejército"— y habrá que esperar a 1749, bajo Fernando VI, para que se creen 22 intendencias en la Corona de Castilla. Uno de las primeras misiones de los intendentes que estaban al frente de ellas será realizar el Catastro de Ensenada en vistas a aplicar en Castilla el sistema fiscal de la única contribución que desde el final de la guerra se aplicaba en la extinguida Corona de Aragón. Las competencias de los intendentes fueron en detrimento de los corregidores, de los alcaldes mayores y regidores de los ayuntamientos, quedando limitada la actividad de las autoridades locales a la gestión del patrimonio municipal y a la regulación de algunos servicios públicos esenciales, en especial los relacionados con el abastecimiento alimentario.[9]

La "Nueva Planta" fiscal

Los territorios de la antigua Corona de Aragón tras su derrota en la Guerra de Sucesión Española tuvieron que pagar un impuesto —denominado "catastro" en Cataluña, "equivalente" en Valencia; "contribución única" en Aragón; "talla" en Mallorca— que era "equivalente" en cuantía a las diferentes "rentas provinciales" —impuestos sobre el consumo, que incluían la alcabala— que se cobraban en Castilla. Este impuesto no era el único que pagaban pues también se extendió a ellos lo que en Castilla se llamaban "rentas generales" —que eran los derechos de aduanas— y las "rentas estancadas" —que eran los monopolios estatales sobre la sal, el tabaco y el papel sellado—. La aplicación de esta llamada "Nueva Planta fiscal" significó un cambio radical para aragoneses, catalanes, mallorquines y valencianos, porque desde la segunda década del siglo XVIII será la Corona quien los reciba y será la Corona quien decida en qué y dónde han de gastarse los dineros, mientras que durante la Monarquía de los Austrias revertían en sus propias tierras, para cubrir sus necesidades.[10]

La "Nueva Planta" fiscal se completó con la extensión de las monedas castellanas a la Corona de Aragón, aunque las monedas propias siguieron circulando aunque en sus respectivos territorios, y con la supresión de las aduanas interiores —«puertos secos»— que existían entre los estados de la Corona de Aragón y la Corona de Castilla, para que de esta forma, se decía en el decreto de noviembre de 1714 que las abolió, «se estimen aquellos dos Reinos [de Aragón y de Valencia] y Principado [de Cataluña] como provincias unidas a Castilla, corriendo el comercio entre todas ellas libre y sin impedimento alguno».[11]

Bajo Fernando VI, el marqués de la Ensenada fracasó en su intento de aplicar el sistema de la "única contribución" en Castilla en sustitución del sistema de agregación de impuestos dispares que los Austrias habían heredado (e incrementado) de los Reyes Católicos. Lo que sí consiguió Ensenada fue aumentar lo recaudado al sustituirse el sistema de arrendamiento de impuestos por la gestión directa a cargo de funcionarios reales bajo la dirección de los intendentes.[12]

Por otro lado, la composición del gasto no varió prácticamente a lo largo del siglo XVIII: en 1778 el 72% correspondía al Ejército y la Marina, el 11 % a la corte y sólo el 17 % restante se dedicaba a otros gastos (básicamente el pago de los funcionarios reales).

El rearme naval y la creación de un Ejército permanente

La política seguida con la Armada trató de aumentar su rapidez y eficacia: para ello se crearon los Arsenales de Cartagena, Cádiz y El Ferrol, además del de La Habana; se perfeccionó la formación de sus oficiales; y se recurrió a la matrícula de mar para dotar los barcos de la marinería necesaria. La matrícula de mar (similar a las "quintas" para el Ejército) se basaba en la obligación de servir en la marina de guerra a todos aquellos jóvenes que luego quisieran ejercer oficios relacionados con el mar. Eran los matriculados. Y sólo ellos podían, por ejemplo, ser pescadores, lo cual significaba que no había voluntariedad, pues de hecho suponía la matriculación obligatoria para todos los varones de familias de pescadores ya existentes.

Por su parte, el Ejército experimentó un aumento de sus efectivos —unos 100.000 hombres hacia finales de siglo— ya que al reclutamiento de voluntarios —muchos de los cuales son extranjeros: valones, irlandeses e italianos— se añadió el sistema de levas y de quintas. La leva era la forma de reclutamiento por la que se "recogían" en las ciudades a los "vagos" —a los varones sin ocupación conocida— y se les obligaba a servir en el Ejército. Las quintas consistían en la llamada a filas de una quinta parte —de ahí el nombre— de los mozos útiles de cada distrito. Pronto se hizo impopular la medida a causa de las numerosas corruptelas y abusos que se producían en los sorteos y la enorme cantidad de personas que estaban exentas —"una muy larga nómina de casados, enfermos, cortos de vista, hijos únicos de viuda pobre, pastores de la Mesta, tejedores de Valencia, artesanos de textiles, fabricantes de pólvora, funcionarios de la Hacienda, profesores, maestros, autoridades municipales, hidalgos e, incluso, esclavos, quedaron fuera de los sorteos habidos a lo largo del siglo XVIII"—. Así la prestación del "servicio al rey" acabará "por ser tenida como una imposición fatal de la que había que escapar si se podía".[13]

La política cultural

Durante el reinado de Felipe V se crearon tres instituciones culturales de gran importancia que configuraron lo que el historiador Pedro Ruiz Torres ha llamado "nueva planta académica".[14]

La primera fue la Real Biblioteca fundada en 1712 —se discute si por iniciativa de los jesuitas franceses del entorno de Felipe V o de Melchor de Macanaz[18]

Portada de la primera edición de Fundación y estatutos de la Real Academia Española (1715).

La segunda institución, la Real Academia Española, tuvo mucho mayor trascendencia en la configuración del nuevo modelo cultural borbónico. Tuvo su origen en la tertulia literaria del felipista Marqués de Villena, que se constituyó de manera formal en 1713 con el objetivo de evitar la corrupción de la lengua castellana, y que recibió el título de "Real" y la aprobación del monarca al año siguiente, quien concedió a sus miembros el privilegio de «criados de la Casa Real» —esto hizo que "políticos, militares y cortesanos ocuparan la mayoría de las plazas"—.[20]

La labor de la Real Academia Española, siguiendo el modelo de la Academia Francesa, estuvo dirigida a hacer realidad el uniformismo lingüístico que se correspondiera con el nuevo estado centralizado borbónico surgido de los Decretos de Nueva Planta. De la misma forma que se había dotado de unas leyes comunes, que eran las de Castilla —con la excepción del reino de Navarra y las Vascongadas—, debía utilizar una única lengua, que sería el castellano convertido a partir de entonces en la lengua española. "La comunidad política en torno al rey, la patria que se imponía a las otras patrias y era la única que merecía tal nombre vista desde la corte, debía tener una sola lengua y esa lengua cultivarse con esmero para mayor gloria de la patria, en singular, que se identificaba con el estado dinástico".[14]

Escudo de armas de la Real Academia de la Historia.

El tercer pilar de la "nueva planta académica" fue la Real Academia de la Historia, nacida oficialmente en 1738 y cuyos miembros recibieron también el privilegio de «criados de la casa real». Su origen, como el de la Real Academia Española, fue una tertulia privada surgida hacia 1735 que se reunía en casa del abogado Julián de Hermosilla, en la que no se trataban únicamente cuestiones de historia, por lo que inicialmente se llamó Academia Universal, pero que pronto se orientó exclusivamente a la historia y geografía de España. Una parte de sus miembros pretendía depurar "la historia de España de invenciones basadas en leyendas y cronicones falsos", aunque este trabajo crítico debía ser compatible con la historia sagrada. El primer apoyo oficial, concretamente del confesor del rey, lo recibió al año siguiente cuando la academia se reunió en la Real Biblioteca.[22]

La contribución de la Real Academia de la Historia al modelo cultural uniformista borbónico fue aún mayor si cabe que el de la Real Academia Española, ya que su objetivo, fue crear un "nacionalismo dinástico a la manera francesa, uniforme y centralista en torno a la corte del monarca absoluto", lo que "no dejaba espacio a ningún otro tipo de nacionalismo y como tal logró imponerse con relativo éxito en la antigua Corona de Aragón", aunque las visiones alternativas igualmente españolas y de raíz austracista no desaparecieron, como lo demostró la fundación en 1729, sin apoyo oficial, de la Academia de Buenas Letras de Barcelona, heredera de la austracista Academia de los Desconfiados de principios de siglo. El reconocimiento real no se produciría hasta el reinado de Fernando VI.[23]

La política exterior después de Utrecht-Rastatt (1714-1746)

Retrato de Isabel de Farnesio, por Louis-Michel van Loo (c. 1739). Óleo sobre lienzo, 150 x 110 cm, Museo del Prado (Madrid).

Tras la firma de los Tratados de Utrecht-Rastatt, Felipe V, su segunda esposa Isabel de Farnesio y el ministro Julio Alberoni pusieron en práctica una política exterior agresiva respecto a Italia que pretendía "revisar" lo acordado en Utrecht —intentando recuperar los Estados italianos que formaban parte de la Monarquía Católica antes de 1700— y asegurar el trono de los ducados de Parma, de Piacenza y de Toscana para el recién nacido infante don Carlos. Así en julio de 1717 tuvo lugar la conquista española de Cerdeña y en el verano del año siguiente una nueva expedición mucho mayor conquistó el reino de Sicilia.[24]

Giulio Alberoni, ministro de Felipe V.

Estas conquistas provocaron la Guerra de la Cuádruple Alianza en la que Felipe V salió derrotado por las cuatro potencias garantes del status quo surgido de la Paz de Utrecht: el Reino de Gran Bretaña, el reino de Francia, el Imperio Austríaco y las Provincias Unidas. Felipe V, que se deshizo de su ministro Giulio Alberoni, se vio obligado a firmar en La Haya en febrero de 1720 la retirada de las tropas de Cerdeña y de Sicilia, la renuncia a cualquier derecho sobre los antiguos Países Bajos españoles, ahora bajo soberanía del emperador Carlos VI, y a reiterar su renuncia a la Corona de Francia. Lo único que obtuvo Felipe V a cambio fue la promesa de que la sucesión al ducado de Parma, el ducado de Piacenza y el ducado de Toscana recaería en el infante Carlos, el primer hijo que había tenido con Isabel de Farnesio.[25]

Para concretar los acuerdos del Tratado de La Haya se reunió el Congreso de Cambrai (1721-1724) que supuso un nuevo fracaso para Felipe V porque no alcanzó su gran objetivo —que los ducados de Parma y de Toscana pasaran a su hijo Carlos— y tampoco que Gibraltar volviera a soberanía española, porque Felipe V rechazó la oferta británica de intercambiarlo por una parte de Santo Domingo o de Florida. Tampoco el acercamiento que había iniciado con la Monarquía de Francia fructificó porque finalmente ésta dio marcha atrás en el matrimonio concertado entre el futuro Luis XV y la hija de Felipe V e Isabel de Farnesio, la infanta Mariana Victoria de Borbón.[27]

Johan Willem Ripperdá, Barón y Duque de Ripperdá.

Cuando ya era evidente que el Congreso de Cambrai iba a suponer un nuevo fracaso de la política dinástica de Felipe V, Johan Willem Ripperdá, un noble holandés que había llegado a Madrid en 1715 como embajador extraordinario de las Provincias Unidas y que tras abjurar del protestantismo se había puesto al servicio del monarca ganándose su confianza, convenció al rey y a la reina para que lo enviaran a Viena, comprometiéndose a alcanzar un acuerdo con el emperador Carlos VI que pusiera fin a la rivalidad entre ambos por la Corona de España y que permitiera que el príncipe Carlos pudiera llegar a ser el nuevo duque de Parma, de Piacenza y de Toscana.[29]

En la corte de Viena el acercamiento a Felipe V fue visto con cautela dada la crítica situación por la que atravesaba, que en enero de 1724 había abdicado en su hijo Luis I y al morir éste a los pocos meses había recuperado el trono gracias a la intervención de la reina Isabel de Farnesio. El embajador imperial en Madrid, Dominik von Königsegg-Rothenfels, informó a Viena de la «imbecilidad del rey que de cuando en cuando le incapacita para el gobierno». El desequilibrio mental de Felipe V —que algunos autores han relacionado con un trastorno bipolar— iba acompañado de una casi patológica obsesión religiosa por la salvación que creía que sólo podía alcanzar en un ambiente de total tranquilidad.[30]

Durante el año que estuvo en Viena Ripperdá alcanzó cuatro acuerdos, dos de ellos secretos, que se conocen como el Tratado de Viena de 1725. En ellos se puso fin definitivamente a la Guerra de Sucesión Española al renunciar el emperador Carlos VI a sus derechos a la Corona de España y reconocer como rey de España y de las Indias a Felipe V, y a cambio éste reconocía al emperador la soberanía sobre las posesiones de Italia y de los Países Bajos que habían correspondido a la Monarquía Hispánica. Además Felipe V otorgaba la amnistía a los austracistas y les reconocían los títulos que les hubiera otorgado el Archiduque Carlos III y concedía a la Compañía de Ostende importantes ventajas comerciales y a cambio Viena ofrecía su apoyo a Felipe V para que recuperara Gibraltar y Menorca. En cuanto a los derechos sobre los ducados de Parma, Piacenza y Toscana, Ripperdá consiguió que Carlos VI aceptara que pasarían al infante Carlos, al extinguirse la rama masculina de los Farnesio, aunque nunca podrían integrarse en la Monarquía de España.[31]

Coaliciones en Europa entre 1725 y 1730. Los firmantes del Tratado de Viena de abril de 1725 en azul y los firmantes del Tratado de Hannover de septiembre de 1725 en rojo. Prusia, en marrón, al principio se unió a la Alianza de Hanover, pero después cambió de bando tras el Tratado de Berlín de diciembre de 1728.

Cuando los reyes de España tuvieron conocimiento de que las monarquías de Gran Bretaña y de Francia se oponían a lo acordado en Viena —el 3 de septiembre habían firmado junto con el reino de Prusia el Tratado de Hannover— destituyeron a Ripperdá y lo encarcelaron en mayo de 1726 —aunque logró escaparse y huyó de España—, aunque parece que el hecho decisivo en su destitución fue que el emperador no diera finalmente su consentimiento al matrimonio de sus dos hijas con los infantes españoles Carlos y Felipe y que tampoco estuviera dispuesto a entrar en guerra con Gran Bretaña por apoyar a Felipe V para que recuperara Gibraltar o Menorca.[32]

Gran Bretaña desplegó su flota por el Mediterráneo y el Atlántico, capturando barcos españoles sin que hubiera habido una declaración de guerra. Como las reclamaciones ante el gobierno de Londres por los apresamientos por barcos británicos a los que la corte de Madrid consideraba piratas no surtieron ningún efecto, el nuevo grupo de consejeros que había sustituido a Ripperdà apoyaron la decisión de Felipe V de conquistar Gibraltar. Así en enero de 1727 el embajador español ante la corte de Jorge I presentó un escrito en que consideraba sin valor el artículo 10 del Tratado de Utrecht por el que se cedía Gibraltar alegando los incumplimientos del mismo por parte de Gran Bretaña —había ocupado tierras en el istmo, no había garantizado el mantenimiento del catolicismo y había permitido la presencia de judíos y musulmanes—. El asunto fue llevado al parlamento por el primer ministro Robert Walpole y allí se comprometió a que nunca se entregaría Gibraltar sin el consentimiento expreso del mismo. La votación final celebrada el 17 de enero de 1727 en la que el parlamento ratificó la soberanía británica sobre Gibraltar supuso la declaración de guerra a la Monarquía de España.[33]

Grabado de la época sobre el asedio a Gibraltar de 1727.

El segundo sitio a Gibraltar —el primero tuvo lugar en 1705— no tuvo éxito debido a la superioridad de la flota británica que defendía el Peñón, que impidió que la infantería pudiera lanzarse al asalto después de que la artillería hubiera bombardeado las fortificaciones británicas. En junio de 1727 se llegó a un armisticio pero hasta marzo de 1728 Felipe V —presionado por el rey de Francia, el emperador y el papa para que pusiera fin al conflicto con Gran Bretaña y al que prometieron celebrar el Congreso de Soissons— no volvió a reconocer la validez del artículo 10 del Tratado de Utrecht en el llamado Tratado de El Pardo, en un momento de agravamiento de su enfermedad mental.[34]

El Congreso de Soissons no dio ningún resultado, pero sí lo tuvieron las negociaciones a "tres bandas" entre las Monarquías de España, Gran Bretaña y Francia, que culminaron con la firma del Tratado de Sevilla del 9 de noviembre de 1729. En ese tratado Felipe V obtuvo por fin lo que venían anhelando él y su esposa Isabel de Farnesio desde 1715, que su hijo primogénito el infante Carlos ocupara el trono del ducado de Parma y del ducado de Toscana —lo que fue reconocido también por el emperador en otro tratado firmado después—. "Lo que resulta llamativo es que en agosto de 1731 una flota británica llegó a Cádiz para acompañar a don Carlos a su destino".[36]

Cuadro de Carlos VII de Nápoles, coronado rey como consecuencia de la batalla de Bitonto, cuadro pintado por Giuseppe Bonito. Museo del Prado (Madrid).

El fracaso de la alianza con el Imperio Austríaco y la firma del Tratado de Sevilla propiciaron el acercamiento a la Monarquía de Francia que culminó con la firma del llamado Primer Pacto de Familia el 7 de noviembre de 1733 por los representantes de Felipe V de Borbón y Luis XV de Borbón. El motivo inmediato fue el estallido el mes anterior de la Guerra de Sucesión de Polonia, en la que la Monarquía de Francia apoyaba al nuevo rey polaco Estanislao I Leszczynski, casado con una hija de Luis XV, mientras que los imperios austríaco y ruso apoyaban a Augusto III de Sajonia en sus aspiraciones al trono de Polonia. La intervención española en la guerra se centró en Italia y un ejército español desembarcado en el ducado de Parma, al frente del cual se puso el infante don Carlos, conquistó el reino de Nápoles, que desde Utrecht estaba bajo soberanía austríaca, y allí fue proclamado como nuevo rey con el título de Carlos VII de Nápoles. Poco después era ocupada la isla de Sicilia, austríaca desde 1718, que quedó bajo la soberanía del nuevo rey borbón, y los austracistas que vivían en los dos reinos engrosaron el exilio austracista de Viena. Zenón de Somodevilla, organizador de las fuerzas navales que apoyaron el ataque terrestre recibió el título de marqués de la Ensenada.[37]

La Guerra de Sucesión polaca terminó con la firma del Tratado de Viena de noviembre de 1738 entre el rey de Francia y el emperador austríaco, al que Felipe V se incorporó en abril del año siguiente. Según los términos del tratado Augusto III era el nuevo rey de Polonia, mientras que, entre otros acuerdos, se reconocía al infante Carlos de Borbón como rey de Nápoles y de Sicilia, aunque el ducado de Toscana pasaba al duque de Lorena, ya que el ducado de Lorena había pasado al defenestrado Estanislao I, y el ducado de Parma al emperador.[38]

La paz alcanzada en 1738 duró muy poco porque en los dos años siguientes la Monarquía borbónica se vio envuelta en dos nuevas guerras que se desarrollaron simultáneamente. En octubre de 1739 el rey Jorge II de Gran Bretaña le declaraba la guerra a Felipe V a causa de los conflictos surgidos entre barcos mercantes británicos con barcos de guerra españoles en el Caribe y los derivados de la delimitación de las fronteras de los dos imperios coloniales en esa área. En España fue conocida como la Guerra del Asiento por el abuso que había hecho Gran Bretaña de las cláusulas del Tratado de Utrecht referentes al navío de permiso y al asiento de negros. En Gran Bretaña en cambio fue conocida como la "Guerra de la Oreja de Jenkins" porque el pretexto británico para la declaración de guerra había sido la humillación sufrida en 1731 por el capitán inglés Robert Jenkins que había sido apresado por un barco de guerra español y al protestar le habían cortado la oreja y le habían dicho entre burlas que presentara su reclamación ante el parlamento británico, cosa que finalmente había hecho en 1739.[39]

La segunda guerra, que se solapó con la primera, fue la Guerra de Sucesión Austríaca provocada por el conflicto surgido tras la muerte de Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico —el Archiduque Carlos de la Guerra de Sucesión Española— en octubre de 1740 porque algunos estados europeos encabezados por la Monarquía de Francia y por el reino de Prusia se negaron a reconocer como sucesora a su hija María Teresa I de Austria, y apoyaron los derechos de Carlos Alberto de Baviera casado con una hija del emperador anterior a Carlos VI, su hermano mayor José I de Austria. El principal apoyo que encontrará María Teresa será Gran Bretaña, además de Saboya/Cerdeña. El rey francés Luis XV, por su parte, buscará el apoyo de Felipe V, lo que en octubre de 1743 dio nacimiento al Segundo Pacto de Familia. En el mismo Luis XV, a cambio de la participación española en la guerra de sucesión austríaca, se comprometió a apoyar a la Monarquía de España en su guerra particular con Gran Bretaña, por lo que le declaró la guerra en febrero de 1744.[40]

Felipe V murió en 1746 en plena guerra y su sucesor Fernando VI, ayudado por el Marqués de la Ensenada, entabló negociaciones de paz que culminaron en el Tratado de Aquisgrán. Los términos del tratado que puso fin a la guerra de sucesión austríaca fueron acordados fundamentalmente por los representantes de Jorge II de Gran Bretaña y Luis XV de Francia, y los mismos se incluyó la vieja aspiración de Felipe V y de su segunda esposa, Isabel de Farnesio: el infante don Carlos fue confirmado como soberano de los reinos de Nápoles y Sicilia, mientras que su hermano menor, Felipe de Borbón, obtenía por fin los ducados de Parma y de Plasencia.[42]