Quema de conventos de 1931 en España

Ciudades en las que se produjeron los sucesos.

Se conoce como quema de conventos a la ola de violencia anticlerical contra edificios e instituciones de la Iglesia católica ocurrida entre los días 10 y 13 de mayo de 1931 en España, pocas semanas después de haberse proclamado la Segunda República.

Los disturbios comenzaron en Madrid durante la inauguración del Círculo Monárquico de la calle de Alcalá y rápidamente se extendieron por otras ciudades del sur y el levante peninsular. Alrededor de cien edificios religiosos ardieron total o parcialmente aquellos días, se destruyeron objetos del patrimonio artístico y litúrgico, se profanaron algunos cementerios de conventos y varias personas murieron y otras resultaron heridas.

Antecedentes: la política religiosa inicial del Gobierno Provisional y la respuesta católica

Con la proclamación de la Segunda República Española, el nuevo orden constitucional debía amparar la libertad de conciencia y desarrollar un proceso de secularización que permitiera superar la tradicional identificación entre el Estado y la Iglesia católica, que era considerada por los republicanos como uno de los elementos clave de legitimación de la monarquía. "Los republicanos anunciaron su determinación de crear un sistema de escuelas laicas, introducir el divorcio, secularizar los cementerios y los hospitales y reducir en gran medida, si no eliminar, el número de órdenes religiosas establecidas en España".[1]

Sin embargo, para evitar reacciones por parte de los católicos españoles, las primeras decisiones del Gobierno Provisional de la Segunda República Española sobre la secularización del Estado fueron moderadas, en sintonía con la decisión de poner a su frente al católico liberal Niceto Alcalá Zamora y nombrar en la cartera clave de Gobernación, a su compañero de la Derecha Liberal Republicana, el también católico Miguel Maura. En la regla tercera del Estatuto jurídico del Gobierno Provisional, promulgado el mismo día 14 de abril de 1931, y hecho público al día siguiente en el diario oficial, la Gaceta de Madrid, se proclamó la libertad de cultos:

El Gobierno provisional hace pública su decisión de respetar de manera plena la conciencia individual mediante la libertad de creencias y cultos, sin que el Estado, en momento alguno, pueda pedir al ciudadano revelación de sus convicciones religiosas.[2]

En aplicación de esta declaración en las tres semanas siguientes el Gobierno aprobó algunas medidas secularizadoras, como la “disolución de la órdenes militares, supresión de la obligatoriedad de asistencia a actos religiosos en cárceles y cuarteles [22 de abril y 19 de abril, respectivamente], prohibición de participación oficial en actos religiosos [Circular del Ministro de la Gobernación del 17 de abril], fin de las exenciones tributarias a la Iglesia, privación de sus derechos a la Confederación Nacional Católico-Agraria, etc. Entre todas, quizá la medida más destacada fue el decreto de 6 de mayo declarando voluntaria la enseñanza religiosa”.[5]​. Con todo ello se producía una decidida intervención del Estado en los asuntos religiosos, de tal manera que se buscaba eliminar la influencia de la Iglesia en la sociedad española, contentando con ello a la mitad de la misma y afrentando a la otra mitad.

Al mismo tiempo el Gobierno Provisional inició los contactos con el nuncio Federico Tedeschini para asegurarle que el Gobierno hasta que no se aprobara la nueva Constitución respetaría el Concordato de 1851 y a cambio la Iglesia debía dar muestras de que acataba el nuevo régimen. Así el día 24 de abril el nuncio envió un telegrama a todos los obispos en el que les transmitía el «deseo de la Santa Sede» de que «recomend[asen] a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles de su[s] diócesis que respet[ase]n los poderes constituidos y obede[ciese]n a ellos para el mantenimiento del orden y para el bien común».[8]

Sin embargo un sector numeroso del episcopado estaba compuesto por obispos menos conciliadores e incluso abiertamente opuestos a la República (muchos de ellos nombrados durante la Dictadura de Primo de Rivera) que no estaban dispuestos a transigir con la República a la que consideraban una desgracia pues entendían que estaba en clara oposición a la Iglesia. La cabeza visible de ese grupo era el Cardenal Primado y arzobispo de Toledo, Pedro Segura, que ya se había manifestado claramente contrario a la República antes y durante la campaña de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, afirmando que la República era obra de los “enemigos de la Iglesia y el orden social”, por lo que estaba justificada la formación de un “compacto frente unido” en defensa de la Monarquía y de la Iglesia Católica.[15]