Ley Orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana (1992)

Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
Extensión teritorialEspañaFlag of Spain.svg España
Cuerpo legislativoCortes Generales
Referencia del diario oficialBOE-A-1992-4252
Historia
Fecha de publicación22 de febrero de 1992
Entrada en vigor13 de marzo de 1992
Legislación relacionada
Reemplaza
  • Real Decreto-ley 3/1979, de 26 de enero, sobre protección de la seguridad ciudadana.
  • Real Decreto-ley 6/1977, de 25 de enero, por el que se modifican determinados artículos de la Ley de Orden Público.
  • Ley 36/1971, de 21 de julio, sobre modificación de determinados artículos de la Ley de Orden Público de 30 de julio de 1959.
  • Ley 45/1959, de 30 de julio, de Orden Público.
  • Artículo 7.5 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.
Derogada porLey Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Legislación derogada

La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana fue una Ley Orgánica de España publicada en el Boletín Oficial del Estado el 21 de febrero de 1992 y vigente entre el 13 de marzo de 1992 y el 1 de julio de 2015.[1]

Es conocida como Ley Corcuera, por haber sido aprobada durante el mandato de José Luis Corcuera como titular del Ministerio del Interior en el gobierno del PSOE, y como Ley de la patada en la puerta, porque facultaba a las fuerzas del orden a entrar en una propiedad privada en la que se sospechase que podía estar cometiéndose un delito, sin necesidad de orden o autorización judicial,[3]

En 2015 fue sustituida por una nueva ley de seguridad ciudadana, la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, aprobada exclusivamente con los votos del Partido Popular y que el resto de grupos parlamentarios calificaron de ley mordaza.[5]

Historia

Antecedentes

Recursos de inconstitucionalidad

Contra ella fueron presentados diversos recursos de inconstitucionalidad que fueron resueltos por la Sentencia 341/1993, de 18 de noviembre de 1993, del Tribunal Constitucional.[b]