Interés público

Interés público, interés general o interés nacional es la denominación de un concepto esencial de las ciencias políticas, con muy distintas expresiones (res publica, commonwealth, "procomún", etc.), pero se identifica con el bien común de la sociedad entera, entendida como un cuerpo social, y no tanto con el interés del Estado en sí mismo (razón de Estado).

No es un concepto unívocamente definido.[2]​ La defensa de los intereses nacionales es el propósito declarado de la acción exterior de los Estados.

El concepto hizo su aparición con los desarrollos intelectuales que llevaron a la Revolución francesa, periodo durante el cual llegó a reemplazar el concepto anterior de utilidad pública, estando así íntimamente ligado con el desarrollo del liberalismo. Se puede concebir como la guía o criterio para tomar decisiones políticas y económicas que buscan el bien común de una sociedad.[3]​ Tal sociedad puede ser, por ejemplo, la de un Estado en general o las personas de cualquier comunidad en particular.

En la teoría jurídico política actual está, por definición, representado en las diferentes ramas de las autoridades estatales de gobierno y administración pública, tales como las de salud pública, educación, protección del medio ambiente, seguridad, el Ministerio Público en asuntos de justicia, etc. Así, por ejemplo, se ha escrito: "El acto administrativo debe siempre mirar a la satisfacción del interés general".[4]

El concepto del interés general es central en debates políticos, económicos y sociales, en particular aquellos acerca de la existencia de servicios públicos, reglamentos y leyes de orden público, discusiones acerca de intervención estatal en asuntos económicos (tal como expropiaciones y nacionalizaciones) y sociales (tales como los relacionados con asuntos de explotación social, derechos sociales, seguridad social e industrial, discriminación, etc). Tales discusiones ponen de relieve la finalidad misma tanto del Estado como de otros elementos de servicios y administración interna de los países. (por ejemplo: comunas; empresas mixtas, etc).

Observaciones generales

Se pueden distinguir dos percepciones generales acerca del concepto:[5]

  1. Concepción anglosajona. Trazable a Adam Smith (ver Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones), y según la cual no hay diferencia real entre el interés común y los particulares, en la medida que el interés general es una suma o forma del conjunto de los intereses particulares. (ver Mano invisible)
  2. Concepción francesa o europea continental. Trazable a Rousseau (ver Contrato social), y de acuerdo a la cual el interés general no puede resultar de los intereses particulares, dado que sobrepasa a esos ya sea como tales o incluso como suma de tales (ver Bien común (filosofía)). En esta visión, el interés general es una expresión de la voluntad general.

Rousseau introduce una diferencia entre “la voluntad de todos” -aquella que “mira al interés privado y no es más que una suma de voluntades particulares.” y "la voluntad general" -aquella que “sólo mira al interés común”- Esta última puede encontrarse por medio de la examinaron racional y “privada” de las opciones por los individuos (específicamente, sin formación de facciones o partidos): ”Si los ciudadanos deliberaran, estando bien informados y sin contacto entre sí mismos, la suma total de las pequeñas diferencias (de opinión) resultara siempre en la opinión general y la decisión será siempre buena”.[6]

Es necesario notar que en ambas percepciones el concepto de interés general no implica necesaria y directamente el interés de cada individuo en una sociedad, en la medida que en ambas el objetivo del concepto es permisivo -en el sentido que facilita en lugar de otorgar directamente- pero al mismo tiempo constrictivo, en la medida que pone límites a la libertad individual en aras del bien común y la cohesión social. Así por ejemplo, desde la perspectiva anglosajona, Smith mismo (op cit) se opone a la confusión de intereses sectoriales con el interés común. Esos intereses sectoriales pueden dañar el común. (por ejemplo: monopolios) Consecuentemente, Smith sugiere que "los hombres":

“... a pesar de su egoísmo y rapacidad natural, a pesar que solo buscan su propia conveniencia ... comparten con los pobres el producto de sus mejoras. Son llevados por una mano invisible a hacer casi la misma distribución de las necesidades de la vida que se habría hecho si la tierra hubiese sido dividida en porciones iguales entre todos sus habitantes y así, sin intentarlo, sin saberlo, avanzan el interés de la sociedad.”

(Teoría de los sentimientos morales, p 350: Part IV: Of the Effect of Utility upon the Sentiment of Approbation)

Posteriormente, tanto Ernst Fraenkel[8]​ han sugerido que tal opinión general o la concepción de beneficio o bien común que ella implica sólo puede ser obtenida -en un sistema pluralista (Fraenkel) o abierto (Popper)- a posteriori de un proceso libre y justo de toma de decisiones, incluyendo específicamente la participación de los interesados. Tales sistemas se diferencian -en esta concepción- de los sistemas totalitarios, en que estos últimos proclaman autoridad o capacidad de decisión sobre la definición del bien común por ellos mismos.

Todo lo anterior implica que el concepto de "beneficio" no es universal o generalmente establecible “a priori”, sino que una y otra vez es necesario examinar si un proyecto realmente aumenta o disminuye el bienestar o interés general. Es, en otras palabras, un constructo social referido a circunstancias sociales y momentos históricos.

Elaborando, Bobbio nota que en sociedades como las actuales, reales y complejas, en las cuales los individuos en un momento se asocian y en otro se confrontan, habrá disensos y consensos en la medida que en realidad hay acuerdos y desacuerdos. Sin embargo, en una democracia para decidir cual es la opinión o voluntad general basta con el consentimiento de la mayoría, lo cual implica siempre va a haber una minoría. En general, entonces, no hay un acuerdo unánime, siempre va a haber disensos. Es decir, el consenso de la voluntad general implica disensos y la libertad de expresarlo. Esto se puede concebir como una condición “a priori” del interés general.[9]

Pero la teoría del discurso de Jürgen Habermas sugiere que, en la práctica política, se puede -por lo menos intentar- definir “a priori” el consenso por medio del discurso que pretende equilibrar los distintos intereses, determinables o determinados por la inspección racional de los conflictos sectoriales. La condición es que las reglas del juego acepten el conflicto entre diversos intereses y que tales intereses formen parte del sistema mismo. (ver Centro político)

Más recientemente James M. Buchanan ha cuestionado la capacidad de los políticos en general y Estado en particular de representar o actuar en función del interés público, buscando reemplazar tal concepción con la expresión directa de la voluntad de los ciudadanos individuales, a través del control por medios legales de la acción del Estado y/o sus organismos por parte de los ciudadanos (ver teoría de la elección pública). Esta concepción ha tenido expresión particularmente en EE. UU.