Delitos contra la seguridad en el trabajo (España)

La omisión de las medidas de seguridad pertinentes o la falta de la diligencia debida son condiciones sine qua non para la apreciación de estos delitos.

Los delitos contra la seguridad en el trabajo, tipificados en los artículos 316 y 317 del Código Penal español, consisten en la puesta en peligro de la salud, la vida o la integridad física de los trabajadores, cuando el empresario no facilita a estos los medios necesarios para que desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas.[1]

Los artículos 316 y 317 del Código Penal, en su modificación de 1995, pretenden garantizar la efectividad de todas las normas ordenadoras de la actividad del trabajador, estableciendo penas para aquellos que, estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que el trabajador desempeñe su labor en las condiciones que las normas de prevención de riesgos laborales especifican. En dichos artículos se tipifican los delitos cometidos contra la seguridad e higiene en el trabajo en sus modalidades dolosa e imprudente respectivamente.

Historia

Estos artículos ya estaban contemplados en el antiguo artículo 348 bis a), que fue introducido en la reforma del Código Penal de 1983, pero con la nueva redacción cabe destacar la introducción como valores a proteger no sólo la vida y la integridad física del trabajador sino también su integridad psíquica y su salud, que hasta ese momento habían quedado olvidadas por el legislador, hasta el punto de que el proyecto de 1992 hacía referencia únicamente en su artículo 297 a la "salud e integridad física", fórmula que habría despenalizado la puesta en peligro de uno de estos bienes en solitario.

Entre los cambios introducidos por la nueva regulación de 1995, se encuentra el endurecimiento de las penas, donde se pasó del arresto mayor y multa de 180 euros a 3606 euros a las actuales de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses para la actuación dolosa y la pena inferior en grado cuando se cometa por imprudencia grave. Además, se trató de luchar contra la escasa penalidad prevista en el anterior Código Penal y que se apuntaba por la doctrina como una de las causas de la poca aplicabilidad del antiguo artículo 348 bis a). Por otra parte, el planteamiento legal existente había desembocado en una situación en la que las multas impuestas a los empresarios resultaban más baratas de pagar que la adopción de medidas efectivas de protección para los trabajadores.