Crisis de diciembre de 2001 en Argentina

Crisis de diciembre de 2001 en Argentina
Obelisco 20Dic01.jpg
Protestas en la ciudad de Buenos Aires el 20 de diciembre de 2001.
Fecha19–20 de diciembre de 2001
LugarBandera de Argentina Argentina
CausasCrisis económica
Corralito
Inestabilidad política
Crisis de deuda
Resultado
Partes enfrentadas
Gobierno de ArgentinaManifestantes
Figuras líderes
Fernando de la Rúa
Saldo
39 muertos (entre vándalos, delincuentes y civiles manifestantes).[1]

La crisis de diciembre de 2001 en Argentina, o crisis de 2001, también referida como el Cacerolazo, el Argentinazo, o habitualmente denominada en forma simple dentro de la Argentina como el 2001, fue una crisis política, económica, social e institucional, potenciada por una revuelta popular generalizada bajo el lema "¡Que se vayan todos!"[5]

El desencadenante inicial de la crisis fue la imposición del "Corralito", el 2 de diciembre de 2001, una disposición del gobierno que restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos, diseñada por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo.[6]​​ Esto impactó sobre todo en la clase baja, mayormente no bancarizada, y la clase media que se vio fuertemente restringida para sus movimientos económicos. El 13 de diciembre las centrales obreras declararon una huelga general, y simultáneamente comenzaron a producirse estallidos en algunas ciudades del interior del país y del Gran Buenos Aires, mayormente saqueos por parte de sectores de la población desocupadas e indigentes, robos de camiones en las rutas, robos comunes, cortes de calles en las ciudades.

La revuelta se inició la noche del 19 de diciembre de 2001[7]​, inmediatamente después de que el presidente radical Fernando de la Rúa anunciara el establecimiento del estado de sitio, provocando la salida a la calle de decenas de miles de personas en todo el país para manifestar su descontento con el gobierno y los representantes políticos, y se extendió toda la noche y el día siguiente, cuando se impartió la orden de reprimir a los manifestantes, 39 de los cuales fueron asesinados. La mayor parte de las personas que participaron en las protestas fueron autoconvocadas y no respondían a ningún partido político, sindicato u organización social estructurada. El 20 de diciembre A las 19:37 De la Rúa renunció y dejó la Casa Rosada en helicóptero.

Durante los siguientes doce días se produjo una alta inestabilidad institucional que llevó también a la renuncia del presidente sucesor Adolfo Rodríguez Saa. El clima de inestabilidad social y económica, así como el desconocimiento generalizado de legitimidad a los representantes políticos, se extendería en los años siguientes.

Las manifestaciones en la calle continuaron durante varios meses y se organizaron mediante asambleas populares en las cuales los manifestantes debatían y tomaban decisiones con la pretensión de que se realizara una refundación política que permitiera una mayor participación de la ciudadanía y control de los representantes.[8]

Antecedentes

Situación económica entre 1998 y 2001

Fotografía oficial de Fernando de la Rúa.

Fernando de la Rúa, como candidato de La Alianza, había asumido la presidencia en diciembre de 1999 en medio de un período de recesión, en parte impulsado por la Ley de Convertibilidad, vigente desde 1991, que establecía una paridad fija del peso argentino con el dólar estadounidense.

Si bien dicha política económica había permitido reducir notablemente la inflación y obtener resultados económicos valorados positivamente por gran parte de la población durante los primeros años del gobierno de Carlos Menem,[10]​ a partir de 1997 comenzaron a ser cada vez más visibles sus aspectos negativos. Para sostener la convertibilidad se necesitaba el ingreso de dólares en abundancia, algo que en los primeros años se logró con la privatización de casi todas la empresas estatales y los fondos jubilatorios y de pensión. Pero finalizado el proceso de privatizaciones y con una economía agroexportadora primaria que producía un insuficiente ingreso de divisas, el modelo comenzó a depender cada vez más de la toma de deuda externa y su refinanciación a altos intereses, con el fin de mantener la estabilidad.

Uno de los factores que influyeron en el triunfo de La Alianza, fue su promesa electoral de mantener la convertibilidad.[13]

Por esos motivos, la situación financiera y los problemas del endeudamiento externo, se fueron haciendo cada vez más críticos, y el gobierno se vio obligado a realizar dos enormes operaciones de endeudamiento y refinanciación, bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional, que el propio gobierno publicitó con los nombres de El blindaje y El Megacanje.[16]

La inestabilidad económica se reflejó en los constantes cambios de ministros de Economía, pasando por José Luis Machinea (1999 - marzo de 2001), Ricardo López Murphy (marzo - abril de 2001) y por último Domingo Cavallo, quien ya había sido Ministro de Economía entre 1991 y 1996, con el presidente Carlos Menem y que había sido el autor de la Ley de Convertibilidad. En aquel entonces Cavallo era presentado como la persona que había sacado a Argentina de la hiperinflación de 1989-1991 y visto como una gran alternativa.

La crisis llegó a un punto insostenible el 29 de noviembre, cuando los grandes inversionistas comenzaron a retirar sus depósitos monetarios de los bancos y, en consecuencia, el sistema bancario colapsó por la fuga de capitales y la decisión del FMI (Fondo Monetario Internacional) de negarse a refinanciar la deuda y conceder un rescate.

Durante la gestión de Ricardo Lopez Murphy, en el 31 de julio[18]​.

Elecciones legislativas

El 14 de octubre de 2001 se realizaron elecciones legislativas en las que La Alianza oficialista fue derrotada ampliamente por el Partido Justicialista, con el agravante de que el presidente De la Rúa no tuvo espacio político para sostener a ningún candidato. Uno de los datos centrales de la elección fue el llamado "voto bronca", votos en blanco o anulados intencionalmente que alcanzaron el 25% del total, ganando incluso en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Santa Fe,[20]

El Corralito

El presidente De la Rúa (al frente, derecha), y el ministro de Economía Domingo Cavallo (a la izquierda), en Casa Rosada el 16 de diciembre de 2001.

A comienzos de diciembre el FMI decidió interrumpir el flujo de fondos hacia Argentina, momento para el cual la fuga de capitales era incontrolable, ascendiendo a 81 800 millones de dólares desde el inicio de la crisis.[21]​ El 2 de diciembre, Cavallo anunció por cadena nacional una medida que fue conocida como "Corralito", imponiendo la bancarización forzosa de la economía, mediante la prohibición de extraer dinero en efectivo de los bancos en sumas superiores a 250 pesos o dólares por semana. Esta medida afectó principalmente a las personas con ingresos informales, entre ellos los trabajadores no registrados por las empresas que en ese momento alcanzaba el 44,8%, cifra que casi duplicaba la de 1994, cuando llegaba a 28,4%.

La reacción popular fue muy negativa, en especial la de la clase media, (teniendo en cuenta que la cifra de la restricción de retiros de 1.000 dólares mensuales era superior a los ingresos de la mayoría de la población) por lo que la crisis económica también desembocó en una crisis política. Durante todo diciembre hubo protestas, aunque la protesta masiva más importante estallaría los días 19 y 20 de diciembre.

La posición de De la Rúa se tornó inestable. Un intento de mediación entre la oposición y el gobierno a mediados de diciembre por parte de la Iglesia católica fracasó.

Huelga general y saqueos

Desde 1990 la actividad cartonera experimenta crecimiento continuado. Durante el periodo fueron actores sociales de cierta importancia. Llegando a realizar 78 acciones directas como actor social[22]

El 13 de diciembre, la CGT Oficial, la CGT Disidente y la CTA declararon la séptima huelga general contra la política económica y social del gobierno de De la Rúa. El paro tuvo alto acatamiento, con adhesión de sectores que habitualmente no se sumaban, como el comercio, la clase media y sectores no sindicalizados.[25]

Simultáneamente con la huelga general comenzaron a producirse estallidos entre las clases populares de algunas ciudades de las provincias, llevados adelante por los denominados piqueteros. Varios comercios de zonas empobrecidas del interior del país y del Gran Buenos Aires sufrieron saqueos por parte de sectores de la población desocupadas e indigentes.[27]