Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena

Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena
Persontrafficconvention.png
Estados parte y firmantes de la convención. Los Estados parte en azul oscuro y los firmantes en azul claro.
Redacción2 de diciembre de 1949 (aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas)
Firmado21 de marzo de 1950
Lake Success, New York
En vigor25 de julio de 1951[1]
CondiciónRatificado por 2 estados
Firmantes25
Partes82
DepositarioSecretaría General de Naciones Unidas

Texto completo en Wikisource

El Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena es una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El preámbulo dice:

"Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad"

Fue aprobado por la Asamblea General el 2 de diciembre de 1949 y entró en vigor el 25 de julio de 1951.[1]

El Convenio sustituye varios convenios previos que cubrían algunos aspectos de la prostitución forzada. Los firmantes tienen tres obligaciones bajo la Convención de 1949: prohibición del tráfico, medidas específicas administrativas y de ejecución, y medidas sociales destinadas a las personas víctimas del tráfico de personas. La Convención de 1949 presenta dos cambios en la perspectiva del problema de tráfico: considera las prostitutas como víctimas de los proxenetas, y evita los términos «trata de blancas» y «mujeres», adoptando por primera vez un lenguaje neutral respecto a raza y género.[3]

Provisiones

La Convención requiere que los estados parte castiguen a cualquier persona que requiere partidos estatales para castigar a quién «concertare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona», «explotare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona» (Artículo 1), o participe en la administración de un burdel o alquile alojamiento con propósitos de prostitución (Artículo 2)corre un burdel o alojamientos de alquileres para propósitos de prostitución (Artículo 2).[4]​ También prescribe procedimientos para combatir tráfico de personas internacional para el propósito de prostitución, incluyendo la extradición de infractores.

Además, se requiere de los Estados parte la abolición de toda regulación que obligue a las prostitutas a «inscribirse en un registro especial», «poseer un documento especial» o «cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación». (Artículo 6). También se requiere la toma de medidas de supervisión de agencias de empleo «a fin de impedir que las personas que buscan trabajo, en especial las mujeres y los niños, se expongan al peligro de la prostitución» (Artículo 20).

Una disputa entre los Estados parte respecto a la interpretación o aplicación del Convenio se puede, a petición de cualquiera de las partes en disputa, referir al Corte Internacional de Justicia (Artículo 22).