Argentina en el virreinato del Río de la Plata

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Historia de la Argentina
1777 - 1810
La Argentina virreinal
Sudamérica según un mapa del libro de Joachim Heinrich Campe Kolumbus oder die Entdeckung von Westindien (1782). Los límites, sin embargo, son anteriores a la formación del Virreinato del Río de la Plata.

El actual territorio de la Argentina formó parte del virreinato del Río de la Plata durante el período inmediatamente anterior a su independencia. Durante este período, que comprende desde la formación del virreinato en 1776 hasta la Revolución de Mayo de 1810 y la disolución definitiva del virreinato al año siguiente, las hasta entonces autónomas provincias coloniales del Tucumán y del Río de la Plata se unieron por primera vez en una única unidad administrativa, con capital y centro en la ciudad de Buenos Aires, la cual ha seguido siendo, hasta el presente, la capital y ciudad más importante de la República Argentina.

El virreinato incluía también los territorios de las actuales repúblicas de Bolivia, Paraguay y Uruguay, que durante el proceso independentista se separaron de las Provincias Unidas del Río de la Plata —nombre inicial del actual Estado argentino— debido a la evolución de la guerra de independencia y a graves desavenencias acerca de la organización del Estado.

Antecedentes

El virreinato del Perú y las reformas borbónicas

Desde la creación del virreinato de Nueva Granada en 1739, el virreinato del Perú había quedado limitado a los territorios efectivamente dominados por los españoles al sur de la línea del ecuador; sus provincias más australes eran la capitanía general de Chile, la gobernación del Tucumán y la gobernación del Río de la Plata. Las dos últimas dependían judicialmente de la Real Audiencia de Charcas, ubicada más al norte, en el corregimiento de Chuquisaca, que junto con el de La Paz formaban el llamado Alto Perú. Económicamente, el Tucumán y el Río de la Plata —así como la gobernación del Paraguay— eran territorios económica y políticamente marginales, de muy baja densidad de población y cuyo aporte a la economía del imperio español era prácticamente nulo.[1]

Durante la primera mitad del siglo XVIII, la Corona española había centralizado el poder político en la España peninsular, eliminando las diferencias regionales. A mediados de siglo decidieron emprender las mismas reformas en sus posesiones ultramarinas, profesionalizando el gobierno, apartándolo de la influencia de las élites locales y haciendo que los "reinos de ultramar" pasaran a funcionar efectivamente como colonias; esto es, dependencias orientadas exclusivamente a satisfacer las necesidades de la metrópoli.[2]

El impulso reformista se aceleró con las derrotas españolas en la Guerra de los Siete Años, que convencieron al rey Carlos III de modificar el sistema defensivo de las colonias; con ese fin se fundó en 1764 la intendencia de Marina de La Habana, con autoridad sobre toda la isla de Cuba. Sucesivas ordenanzas fueron creando intendencias en toda América española y en las Filipinas. Para la administración de las colonias se echó mano a la fuente más sólida y leal a la Corona de recursos humanos: los oficiales del Ejército y la Marina.[2]

En cuanto a las reformas económicas, la preocupación central de los gobernantes fue el aumento de la recaudación fiscal por medio del aumento de las gabelas y de la eficiencia en la recaudación; no obstante, el aumento masivo de los gastos de la defensa hicieron que las colonias americanas no contribuyeran mayormente al sostenimiento del Estado. Pero mucho más importante era la insistencia en el desarrollo del comercio con América, como mercado cautivo que debía ser la base del crecimiento económico del reino; en este sentido, las reformas económicas iniciadas por el conde de Campomanes fueron exitosas para lograr una recuperación económica a ambos lados del Atlántico. Como complemente, también se establecieron medidas de prohibición de producciones locales que pudieran competir con las exportaciones peninsulares. El refuerzo militar fue, además, relativamente eficaz en el combate del contrabando, que —protegido por gobernantes venales— minaba cualquier intento de aumentar la recaudación fiscal y el comercio entre la península y América.[3]

En enero de 1771 el fiscal de la Real Audiencia de Charcas, Tomás Álvarez de Azevedo, elevó a ese tribunal un extenso informe, en que detallaba la situación perjudicial en que se encontraban los habitantes de las provincias del Paraguay, el Río de la Plata e inclusive del Tucumán, por la gran lejanía a las sedes virreinal —casi mil leguas desde Buenos Aires— y judicial —más de quinientas leguas— a que debían recurrir ante cualquier trámite que excediera lo meramente local. Agregaba que, por esa razón, los vecinos encontraban mucho más práctico recurrir directamente a la autoridad del Consejo de Indias o del rey, cuya respuesta era siempre más rápida y ejecutiva. Como solución, proponía la creación de un nuevo virreinato, que incluyeran esas tres provincias australes y también el corregimiento de Cuyo, y que fuera administrado, en lo judicial, por su propia Real Audiencia.[4]

Expulsión de los jesuitas

En el campo religioso, cultural y educativo, la preeminencia de las órdenes era absoluta, y el predominio recaía en la Compañía de Jesús, que regenteaba varias escuelas primarias, las únicas escuelas secundarias y la única universidad, ubicada en Córdoba. Además de la influencia que este predominio ejercía sobre la clase dominante,[6]

Fue justamente en las misiones guaraníticas donde se produjo una crisis de gran importancia: en 1750 el rey de España y el de Portugal firmaron el Tratado de Permuta, por el cual España cambiaba la Colonia del Sacramento por una amplia zona al este del río Uruguay, que incluía siete de los pueblos guaraníes, desde entonces llamados las Misiones Orientales. La corona española ordenó a los jesuitas trasladar a los indígenas al oeste del río, con todos sus bienes. Pese al esfuerzo de los jesuitas, los indígenas se negaron a trasladarse, y en 1754 enfrentaron a los portugueses y españoles en la llamada guerra Guaranítica, en que los guaraníes fueron masacrados y sus pueblos parcialmente destruidos. La anulación del tratado devolvió esa región a España, pero la Corona consideró desde entonces muy peligrosa la rebelión, acusando además a los jesuitas de haberla promovido.[7]

Por esa razón, y por otros conflictos entre la organización jesuita y la voluntad absolutista del rey Carlos III, entre 1767 y 1768, y sin previo aviso, todos los jesuitas del imperio español fueron arrestados y expulsados.[9]

Las estancias jesuíticas y muchos otros bienes pasaron al dominio real y luego fueron subastadas por las juntas de Temporalidades.[12]

El Río de la Plata y el Brasil

Pensada para otorgar la posesión de todo el continente americano a España, la Línea de Tordesillas otorgó a Portugal una estrecha franja costera en el noreste de América del Sur, conocida como Brasil, y que coincidía aproximadamente con la actual Región Nordeste de Brasil. No obstante, sus límites eran muy imprecisos, y las poblaciones portuguesas se expandieron rápidamente hacia el sur y hacia el interior del continente en busca de tierras y de esclavos. A partir de la década de 1640, los colonos portugueses de Brasil presionaron cada vez más sobre la gobernación del Río de la Plata, la del Paraguay y las misiones jesuíticas guaraníes, obligando incluso a los españoles y guaraníes a evacuar el Itatín y el Tapé,[14]​ Las fronteras entre ambas regiones coloniales quedaron a grandes rasgos estables en el interior continental desde entonces, pero los portugueses iniciaron entonces un avance costero, ocupando la isla de Santa Catarina en 1675, la Colonia del Sacramento en la margen norte del Río de la Plata en 1580, y Río Grande en 1737. Los españoles, por su parte, fundaron Montevideo en la boca del Río de la Plata en 1726. La lucha se hizo crónica, e intermitentemente hubo choques por la posesión de Colonia. El Tratado de Permuta de 1750, pensado para solucionar ese conflicto al precio de entregar a Portugal una enorme extensión de territorio, fracasó por la resistencia de los guaraníes y por la negativa de Portugal a devolver Colonia.

En el año 1762, el gobernador del Río de la Plata, Pedro de Cevallos, ocupó Colonia y Río Grande, expulsando a los portugueses. No obstante, la derrota de España en la Guerra de los Siete Años le obligó a devolver ambas ciudades a Portugal, aunque las autoridades virreinales sólo devolvieron Colonia, conservando Río Grande.[17]

Una guerra fronteriza intermitente continuó entre ambas colonias durante los años siguientes, lo que —visto desde España— amenazaba la totalidad de las posesiones españolas en la cuenca del Plata. En abril de 1776, los portugueses recuperaron Río Grande.[16]

Pero no sólo en el norte del Río de la Plata las posesiones españolas del sur estaban amenazadas: la misma ciudad de Buenos Aires había sido objeto de un intento de invasión en 1763,[19]